El Tigre.- La aprobación de la nueva Ley Especial de Arrendamientos representa un avance significativo para el sector al incorporar planteamientos que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha venido impulsando desde el año 2022.
La iniciativa busca corregir las distorsiones del mercado y devolver la confianza a los propietarios para reactivar la oferta de inmuebles en alquiler en todo el país, según Rosangela Hernández, presidenta del Capítulo Inmobiliario del estado Anzoátegui Zona Sur.
La funcionaria explicó que el marco normativo anterior, vigente desde 2011, generaba un profundo desbalance que afectaba directamente la dinámica del sector.
Al respecto, Hernández destacó la vulnerabilidad a la que se enfrentaban los arrendadores al señalar que “afectaba muchísimo la parte del desalojo, porque muchas personas incumplían con su pago, seguían haciendo uso de la propiedad, no cumplían con los cánones ni los servicios y deterioraban el inmueble. Para el propietario, recuperar su propiedad se convertía en un proceso sumamente engorroso”.
Esta situación provocó una retracción en el mercado de alquileres. La vocera gremial añadió que, durante las labores diarias de captación inmobiliaria, los propietarios manifestaban que “preferían tener el inmueble cerrado antes de asumir el dolor de cabeza de que alguien se los dañara, no pagara y les generara deudas, sintiéndose desprotegidos por la ley”.
Frente a esta realidad, la nueva ley introduce fortalezas orientadas a dinamizar el sector. Entre sus pilares, se consolida la libertad de acuerdo entre las partes y la opción de pactar contratos indexados a moneda extranjeras, con pagos equivalentes en bolívares calculados a la tasa de cambio oficial del día.
Asimismo, la normativa regulariza el depósito contractual mediante el uso de fianzas y pólizas de seguro, e incorpora consideraciones normativas específicas para inmuebles ubicados en zonas con riesgo sísmico.
Uno de los aportes más relevantes del nuevo texto legal es la inclusión del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos.
Se estima que esta vía reduzca significativamente los plazos de atención a periodos de entre 60 y 90 días, en contraste con el esquema anterior cuyos procesos podían demorar entre 3 y 6 años.
Finalmente, Hernández aclaró que la ley no tiene carácter retroactivo. En consecuencia, todos los contratos suscritos con anterioridad a su aprobación continuarán rigiéndose por la normativa de 2011, mientras que los nuevos acuerdos que se celebren tras su entrada en vigencia adoptarán de manera integral este marco legal.