Caracas.- La ONG Justicia Venezolana denunció este lunes 31 de enero, que un grupo de presos políticos fue trasladado de Ramo Verde (Los Teques, Miranda), hasta otras cárceles comunes. Los principales afectados son los detenidos por participar en la denominada Operación David o Fuerte Paramacay.
“La semana pasada más de una docena de detenidos cambió del Centro Nacional de Procesados de Ramo Verde a centros de detención comunes, poniendo en riesgo la continuidad del juicio oral y público iniciado en la jurisdicción penal ordinaria de Valencia, en el estado Carabobo”, señaló la organización en un comunicado.
13 de los 17 presos políticos por el caso fueron trasladados “de manera arbitraria” sin notificación de un juez de juicio y sin informar a sus familiares y abogados, expresó la directora de la ONG, Lilia Camejo. El resto de los privados de libertad están entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la cárcel militar de Ramo Verde, respectivamente.
¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela?
Hasta el 24 de enero, en Venezuela hay al menos 245 presos políticos, según el recuento de la organización defensora de los derechos humanos Foro Penal. De esa cifra, 232 son hombres y 13 mujeres. La ONG denuncia que desde 2014 se han registrado 14.753 detenciones por razones políticas en el país.
¿A dónde trasladaron a los presos políticos?
De acuerdo con la organización que denunció el traslado, a los 13 presos políticos los llevaron a distintas cárceles comunes en el estado Miranda. Tres fueron a Rodeo III, cuatro a Rodeo II y seis a Yare III.
Según Justicia Venezuela, el juicio del caso Operación David o Fuerte Paramacay ya había comenzado en el Circuito Judicial Penal de Carabobo.
Con la distribución en al menos cinco recintos carcelarios alejados a la circunscripción donde se lleva a cabo el proceso de juicio, se puede ocasionar una interrupción del mismo, denunció la ONG.
Camejo agregó que “se ve muy cuesta arriba” que haya coordinación adecuada para que se traslade a los presos a la sede del tribunal, para continuar con la causa.
Con la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), el caso tuvo que trasladarse de una jurisdicción militar a una ordinaria.
La organización defensora de los derechos humanos expresó que el juicio inició con dos años de retraso en mayo de 2021; lo que dilató el proceso. Con la migración de los presos, pudiera pasar algo similar.
Tomado de El Diario