Santiago.- La oficina de Amnistía Internacional en Chile aseveró que repudia la oleada de detenciones y deportaciones de migrantes, la mayoría venezolanos, que se está llevando a cabo en ese país tras la promulgación de una restrictiva y polémica ley migratoria impulsada por el actual gobierno.
“Esto es un desprecio a los derechos humanos y constitucionales que protegen a estas personas y que el Estado está obligado a respetar”, aseveró un comunicado de la institución.
El Gobierno chileno anunció el pasado sábado el inicio de un proceso de deportaciones, con el que pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante 2021 en 15 vuelos distintos, amparándose en la nueva Ley de Migración que se promulgó hace 2 semanas y que permite y facilita estos procesos de expulsión.
El primer vuelo partió hace pocos días con destino a Caracas para devolver a un grupo de 55 personas en situación de irregularidad migratoria a pesar de que muchas de esas personas no contaban con una orden judicial al efecto, alertó Amnistía Internacional.
“Esto puede implicar una violación a las protecciones legales reconocidas por la Constitución de Chile, puesto que los migrantes se vieron imposibilitadas de recurrir a la expulsión o solicitar amparo”, agregó la organización.
Nueva ley migratoria
Sebastián Piñera promulgó este abril una nueva Ley de Migración que exige a los extranjeros obtener visas en los países de origen con el fin de evitar que ingresen al país como turistas y cambien su estatus migratorio para buscar trabajo.
La recién publicada Nueva Ley de Migraciones indica que los migrantes que ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa. Pero los migrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, tienen un plazo de 180 días para salir del país y acudir a un consulado chileno en el exterior para solicitar una visa. Si su solicitud es admitida, podrán regresar.
Mientras que para el oficialismo la nueva norma es una vía para enfrentar el creciente fenómeno migratorio, la oposición y las organizaciones promigrantes, que han criticado ampliamente la ley, estiman que el endurecimiento de las medidas en las fronteras desembocará en un aumento de migrantes que cruzan por pasos no habilitados.
La promulgación de la ley se produjo en un momento de auge migratorio, especialmente en la frontera norte, entre Chile y Bolivia, donde durante febrero y marzo se registró la entrada de más de 1 millar de migrantes de manera irregular que provocó el colapso de varias pequeñas localidades fronterizas.
El Gobierno autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los coyotes que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro.
El Departamento de Extranjería y Migración indicó que hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más de 7% de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Tomado de El Nacional