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Tribunal ratifica privativa de libertad contra dos sacerdotes por presunto abuso en Anzoátegui

Barcelona.- El Tribunal Cuarto de Control del estado Anzoátegui ratificó la medida de privativa de libertad en contra de los sacerdotes Carlos Eduardo Quintero y Ramón Acosta.

A ambos religiosos se les imputan los presuntos delitos de abuso sexual agravado y continuado en perjuicio de cuatro menores, con edades comprendidas entre los 15 y 16 años, quienes se desempeñaban como monaguillos y miembros del coro parroquial.

La decisión judicial se produjo tras una prolongada audiencia de presentación que culminó en la madrugada de este jueves.

Ante los elementos probatorios consignados por la Fiscalía 16ª del Ministerio Público, el juzgado ordenó mantener a los imputados bajo custodia en el Comando de Zona N° 52 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Puerto La Cruz.

Los dos clérigos, pertenecientes al Ordinariato Militar y con funciones pastorales en la Diócesis de Barcelona, fueron arrestados la noche del pasado lunes 26 de octubre por funcionarios policiales en procedimientos independientes. La captura de Quintero se ejecutó de forma sorpresiva frente a feligreses en las inmediaciones de la Ermita El Carmen, generando conmoción en la comunidad local.

Debido a la naturaleza del caso y a la vulnerabilidad de las presuntas víctimas bajo el marco de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), el tribunal dictó la reserva total de las actas procesales por un lapso de 45 días, imponiendo a las partes involucradas la prohibición expresa de declarar o hacer públicas sus opiniones.

La representación legal de varios de los jóvenes denunciantes fue asumida por el abogado penalista y defensor de derechos humanos José Santoyo, mientras que la Unidad de Atención a la Víctima del Palacio de Justicia ejerce la defensa de otros. Se conoció que los acusados cuentan con defensa privada, un familiar director de Quintero

Abogados consultados explican que la restricción de difusión de actas procesales es necesaria por la complejidad y notoriedad del caso, y para salvaguardar la identidad e integridad psicológica de los menores de edad, “especialmente vulnerables, por ser menores de edad y su posición de inferioridad ante sus victimarios”.

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