El Tigre.- La reciente Providencia Administrativa N.º SNAT/2026/00093 del Seniat, que elimina la obligatoriedad del uso exclusivo de máquinas fiscales y permite alternativas digitales, ha generado posturas encontradas en el sector comercial de El Tigre.
Por un lado, la Cámara de Comercio e Industrias de El Tigre, a través de su presidente, Ramón Quiñones, destacó que la medida vislumbra mejores condiciones tributarias e incentiva la formalización al eliminar la barrera de los costosos equipos tradicionales.
Indicó que, según la nueva providencia, que entrará en vigencia durante el año 2027, el contribuyente podrá optar el medio de facturación que le resulte más conveniente: ya sea continuar con la máquina fiscal o elegir la facturación electrónica mediante una aplicación.
No obstante, el gremio insistió en la urgencia de una reforma tributaria profunda que también alcance a las gobernaciones y alcaldías.
Por ejemplo, exhortó a los concejales a rebajar las alícuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas para que se reviertan en servicios públicos eficientes.
Panorama desigual
A nivel operativo, los dueños de negocios enfrentan un panorama desigual entre el alivio de los nuevos emprendedores y el esfuerzo de quienes ya pagaron.
Mercedes Orta, propietaria de una farmacia, señaló que hace cuatro años tuvo que invertir 980 dólares solo en la compra de su máquina fiscal, además de los gastos de mantenimiento.
Se preguntó qué sucederá, en especial con los pequeños y medianos comercios, que realizaron ese sacrificio financiero, en comparación con quienes no tendrán ese gasto, aunque reconoció como positivo que los nuevos comercios eviten esa inversión si la alternativa digital es gratuita.
Además advirtió sobre las limitantes técnicas de la zona: «Si no hay luz o internet y el emprendedor no cuenta con una planta eléctrica o respaldo, se paraliza la facturación digital y se incurre nuevamente en gastos de talonarios físicos», puntualizó.
De este modo, los comerciantes y gremios de El Tigre aguardan la ejecución definitiva de la normativa y esperan que las autoridades evalúen estas realidades económicas para lograr una transición sostenible.