El Tigre.- Durante la mañana y tarde de este jueves 2 de marzo, en la Cámara de Comercio de El Tigre, empresarios y emprendedores fueron enfáticos al expresar a voceros de la gobernación de Anzoátegui que no se niegan a pagar los impuestos municipales, pero sí en muchos casos, las tarifas de la empresa Fospuca.
Resaltaron que el pago de permiso de bomberos, electricidad y relleno sanitario, también aumentan significativamente los costos.
A los voceros de la gobernación, se dirigieron dueños de establecimientos dedicados a la venta de condimentos, farmacias, hotelería, limpieza, voceros de organizaciones con más de 80 condominios, entre otros.
Un caso que llamó la atención, fue la de una representante de un hotel que dijo que deben pagar 1.000 dólares por el servicio de recolección de desechos y Corpoelec, monto que aseguran no pueden cancelar.
Con relación al caso Fospuca, la funcionaria dijo que no tienen competencia en la elección de las empresas de recolección de desechos en los municipios, pero invitó a los presentes a ser «insistentes en su lucha».
«Deben ser persistentes y acudir a los entes administrativos como Defensoría del Pueblo y Ministerio Público» dijo.
Aseguró que llevarán toda la información aportada al gobernador del estado, Luis José Marcano, sin embargo, las tarifas que fueron expresadas por comerciantes y ciudadanos en la reunión fueron «tomadas en cuenta».
Sobre el tema, el alcalde del municipio Guanipa, Ernesto «Chacho» Rodríguez, también exhortó a los asistentes a tomar las medidas correspondientes y dirigirse a los órganos competentes «si piensan que hay abuso de poder».
Es importante mencionar que la empresa de recolección de desechos Fospuca está por cumplir un año ejerciendo funciones en el municipio.
Ramón Quiñones, director de la Cámara de Comercio en El Tigre, recordó que los abogados de la instancia se encuentran aún en un proceso legal luego que se solicitó la nulidad del decreto dónde se estipulan las tarifas del servicio.
Por su parte, la concejal Sheylla Ochoa precisó que incluso la situación ha sido llevada a la contraloría local, regional y nacional.
«No hemos bajado la guardia, estamos en un procedimiento que tiene un lapso legal correspondiente. Vamos a tener una mesa de trabajo en los próximos días para que el expediente continúe abierto», concluyó.