El Tigre.- En una asamblea extraordinaria realizada este viernes 29 de julio, en la Cámara de Comercio e Industrias de El Tigre, un funcionario regional de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), informó que iniciaron los trámites pertinentes administrativos con el objetivo de llegar a un proceso conciliatorio entre comerciantes y Hacienda Municipal, relacionado con el servicio de aseo urbano.
«A partir de hoy cuenten con que la Sundde estará involucrada en la problemática. Nosotros velamos por la garantías de los derechos socioeconómico de consumidores o comerciantes», dijo.
El funcionario agregó que la Ministra de Comercio Nacional, Dheliz Álvarez, conoce del caso ya que le informaron de la situación.
Señaló que llegó el jueves a El Tigre, para intervenir en el caso, sin embargo dijo que anteriormente venían coordinando una mesa de trabajo, por lo que el martes viajará a Caracas para retomar la agenda de trabajo comerciante – Fospuca – Sundde, a fin de llegar a un proceso conciliatorio.
Asimismo, destacó que cuentan con el número de teléfono 0800 LO JUSTO, donde los comerciantes pueden llamar, y ellos toman la denuncia en Caracas e inmediatamente informan a la coordinación regional y «nosotros estaremos haciendo los abordajes en caliente. A partir de hoy (viernes) estamos procesando las denuncias porque contamos con la firma del intendente encargado», acotó.
En la asamblea también se hicieron presentes los asesores jurídicos de la Cámara de Comercio, donde conversaron con los empresarios que se consideran afectados ante los cierres de establecimientos ejecutados por Hacienda Municipal.
Esto luego que el Tribunal Superior Contencioso Tributario del estado Anzoátegui, admitiera una acción de nulidad constitucional aparejada con una solicitud de amparo cautelar, interpuesta contra el decreto 006-2022 sobre la prestación del servicio de aseo urbano y recolección de desechos.
Uno de los asesores jurídicos, Luis Solorzano, explicó que los comerciantes deberán esperar un lapso de tiempo de 45 días para que el tribunal emita un fallo al respecto. Mientras tanto deben continuar cancelando los impuestos municipales.
Recordó que a pesar que el artículo 126 de la ordenanza municipal autoriza al alcalde a fijar tarifas, consideran que las aplicadas se calculan bajo unos parámetros con los que no están de acuerdo.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria Municipal, Ramón Quiñones, rechazó que se tilde a los comerciantes «como delincuentes por no declarar y no pagar sus impuestos».
Por el contrario, señaló que la cultura tributaria de los comerciantes a lo largo de los años es pagar, cumplir y ser respetuosos con las leyes. «En todo caso estamos hablando es del servicio de una empresa privada contratada por la alcaldía, estando en desacuerdo con las tarifas interpuestas», agregó.
Durante la asamblea se conoció que la juez que lleva el caso, estudia como evidencia los expedientes de los dueños de establecimientos cerrados por Hacienda Municipal, más de 300 desde mayo hasta la actualidad, según Quiñones.