Caracas.- Tras la orden de proseguir con la venta de acciones de la empresa Citgo Petroleum, por decisión del Tribunal del Distrito de Delaware en Estados Unidos, el Gobierno venezolano rechazó la medida por considerarla un acto de “piratería judicial”.
A través de un comunicado oficial, la administración de Nicolás Maduro se manifestó en contra de la medida que menoscaba el patrimonio de la nación, específicamente en detrimento de la filial de PDVSA en territorio norteamericano.
El documento firmado por el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza establece la existencia de un “plan por parte del gobierno estadounidense para confiscar los activos de PDVSA” en ese país, con la complicidad del líder opositor Juan Guaidó.
La sentencia judicial pretende ejecutar un laudo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por valor de 1,2 millardos de dólares, a partir de una reclamación realizada por la empresa canadiense Crystallex en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
El Ministerio venezolano explica que “ni PDVSA, ni Citgo, ni PDV Holding, son deudores de Crystallex ni fueron sujetos del procedimiento ante el Tribunal Arbitral del CIADI”.
Además, el comunicado alerta a la comunidad internacional y a quienes poseen inversiones en el país del norte que “deberían permanecer muy atentos a este caso, puesto que es indicativo de las acciones que EEUU está dispuesto a llevar a cabo, incluso en contra del ordenamiento jurídico internacional e interno, para hacer valer sus intereses sobre inversiones extranjeras estratégicas”.
La cancillería recordó haber denunciado en reiteradas oportunidades lo que considera un hecho fraudulento y advierte que continuará defendiendo el patrimonio de los venezolanos a través de sus legítimos representantes, “para lo cual se reserva todas las acciones a que haya lugar en el plano internacional y en la jurisdicción de Estados Unidos, para hacer valer sus derechos soberanos”.