Dos de las casas políticas más importantes de la costa Caribe –los Char y los Gerlein– fueron acusadas desde Caracas por la ex congresista Aída Merlano de fraguar su fuga y orquestar un supuesto plan para asesinarla.
Frente a una juez de la capital, Merlano le pidió a Nicolás Maduro llevar su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendió su inocencia y lanzó dardos contra varios de los políticos más influyentes de Colombia.
«Que me ayuden, porque le tengo miedo a volver a mi país, en donde sé que posiblemente intenten nuevamente atentar contra mi vida como ya lo hicieron en repetidas ocasiones», dijo Merlano en una audiencia informal, solicitada por ella misma, a la que de manera inusual para los procedimientos judiciales del país la transmitieron en directo.
Poco más de cuatro meses después de fugarse, lo que costó el puesto al ex director del Inpec y dejó en entredicho los protocolos de seguridad con los cuales Merlano salió a una cita médica; la política condenada a 15 años por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas apareció reclamando que es inocente frente a un régimen con el cual Colombia no tiene relaciones diplomáticas activas.
Cerco político complica la investigación
Más aún, frente al cual el gobierno del presidente Duque ha desplegado una estrategia internacional de cerco diplomático; esto con el objetivo de favorecer una transición política en Venezuela.
Tras las declaraciones de Merlano, la justicia colombiana tiene el reto de decantar las acusaciones lanzadas por la ex congresista; se presume que la política tiene en su poder información clave sobre el funcionamiento de empresas electorales ilícitas en la Costa.
En Colombia, la ex congresista ofreció contarle a la Fiscalía detalles del proceso electoral de su región, sobre hechos que podrían ser delitos. Sin embargo, los funcionarios del ente investigador nunca tuvieron tal información.
Mientras eso sucedía, el plan de fuga por el cual son investigados la hija de Merlano, Aída Victoria, y su odontólogo, Javier Guillermo Cely, ya estaría en marcha.
Aunque algunas de las denuncias hechas por Merlano resultan problemáticas. Como suponer que efectivamente tras su fuga hubo un supuesto secuestro. Varios nombres mencionados por ella ya estaban en el radar de las autoridades colombianas.
El caso de Merlano se extenderá a otros
Las autoridades colombianas ya tienen indicios de investigación, como lo demuestran las compulsas de copias ordenadas por la Corte en la condena en contra de la ex congresista.
Los magistrados pidieron que se investigue a 17 personas más. Entre estas, el senador Arturo Char, actual presidente de esa corporación en el Congreso; el representante Laureano Augusto Acuña Díaz, la diputada Margarita Ballén y el empresario Julio Gerlein; quien fue pareja sentimental de Merlano y es acusado por ella de querer matarla.
Durante el proceso ante la Corte, la mujer negó que hubiera cometido delitos de corrupción electoral; al igual que lo hizo esta semana en Caracas. En cambio, aseguró al alto tribunal que la sede que tenía y en la que se hizo el allanamiento que llevó a su captura y posterior condena se había abierto de tiempo atrás para la campaña de Roberto Gerlein; quien duró 50 años en el Congreso, hasta el 2018.
Merlano aseguró que la actividad política del ex senador Gerlein era patrocinada por su hermano Julio, quien decidió que ella fuera su fórmula. También dijo que Julio Gerlein fue quien dio las instrucciones para firmar el contrato para arrendar la sede conocida como la casa blanca.
La ex congresista dijo que «Julio era quien manejaba la sede y sabía de todo» lo que ocurría allí. Incluso manifestó que Gerlein se encargaba de todo lo administrativo. Así como de la logística y los gastos de campaña.
Fuente El Nacional